Debido proceso constitucional. Una propuesta de cara al ciudadano desde la Constitución de 1991

El entendimiento del proceso como la reunión de las reglas para el control de los poderes parece ser un pacífico acuerdo. Desde el triunfo de las ideologías liberales, el proceso es la barra de contención a través de la cual el Estado, grosso modo, puede movilizar su fuerza para mantener el orden, del que deviene su legitimidad. Desde la perspectiva ciudadana, el proceso es la forma de frenar la arbitrariedad, que no es más que la fuerza sin un canalizador, y de asegurar el respeto a los derechos civiles al tiempo que se dotan de realidad los enunciados normativos. A partir de la constitucionalización del derecho y del Estado, las discusiones del debido proceso en el espacio del juicio constitucional ameritan ser revisadas, con miras a plantear si este -el debido proceso del juicio constitucional- se agota en el conjunto de garantías que se le han reconocido desde la perspectiva de la teoría general del proceso, o si debe ser redefinido según las lógicas que impone el paso del Estado de Derecho al Estado constitucional de Derecho. Adoptando la segunda perspectiva, surge la necesidad de discutir y procurar una teorización sobre el debido proceso en el derecho procesal constitucional. Para cumplir con ello se adelantó una investigación que acudió inicialmente a un enfoque cualitativo con alcance descriptivo, la cual, conforme avanzaron las discusiones, derivó en una propuesta teórica que, de manera ambiciosa y políticamente interesada, pretende ser un ejemplo del método empleado por Hannah Arendt: la comprensión.